COLUMNA

EN EL ESTADO DE VERACRUZ, EN MATERIA ELECTORAL, LA MENTIRA, DEBE DE LEGISLARSE COMO DELITO

Lic. Leopoldo Zotea Ramírez
Abogado

Si los políticos no gozaran de inmunidad, muchos estarían en la cárcel. La mentira y el engaño se han convertido en comportamientos políticos habituales. Es decir en cada elección, los ciudadanos que participan en las contiendas pre-electorales, a fin de obtener el voto del ciudadano, manifiesta que va a realizar cambios sustanciales en la vida de los ciudadanos, ofrecen en su oferta política, empleos, la reducción del costo de la luz eléctrica, becas para estudiantes, ayuda material para obra publica, seguridad publica, mejores mercados, y esto se convierte finalmente en una cruda realidad, cuando el voto les favorece y logran ser diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, senadores de la república, gobernadores, es entonces que este tipo de engaño publico le afecta a la credibilidad de la democracia, no importa el color partidista que abandere esta causa, lo que motiva a que se debe de legislar en este momento dentro del catalogo de delitos pre-electorales, electorales y pos-electorales, que aquel ciudadano, que mienta, que engañe, maquine y utilice su discurso de oferta política y quebrante con la realidad en el ejercicio de sus funciones, sea procesado y consignado ante la autoridad correspondiente en materia penal, sin derecho a la libertad bajo fianza, a fin de crear una nueva cultura en la democracia a favor de los veracruzanos, de los tuxtlecos y sobre todo de los sanandrescanos y no seguir viviendo, día a día, año con años que los funcionarios públicos vigentes ni siquiera le contestan el teléfono a los ciudadanos que lo hicieron llegar hacer autoridad dentro del poder ejecutivo, legislativo, y que ha provocado finalmente una mentira que perjudica la única forma de poder gobernar en nuestro país. En una verdadera democracia, tal vez estarían hoy en la cárcel, o por lo menos dimitidos, los que han engañado a los mexicanos, a los veracruzanos, camuflando y ocultando datos económicos para ganar las elecciones generales de 2008. El alcance de aquellas mentiras políticas se percibe hoy con toda nitidez porque lo que entonces era calificado como una amenaza de crisis que, según el gobierno, no afectaría a Veracruz, y posteriormente se convierte en lo que es hoy es ya una crisis económica en toda regla, que amenaza seriamente la prosperidad alcanzada por México, en las últimas décadas, como por ejemplo el aumento significativo del petróleo, el aumento cuantitativo del gas domestico, el aumento a las tarifas eléctricas, el aumento al pan, el aumento a las colegiaturas, el aumento al transporte, pero eso si nunca, aumentando el salario mínimo del trabajador, pero eso si aumentando el salario de los funcionarios electos en un ejercicio democrático.

La inflación está en su nivel más alto desde hace tiempo a pesar de lo que se diga; el endeudamiento de México es de los mayores del mundo; los precios suben de manera imparable y lo hacen por primera vez en un ambiente de recesión, lo que resulta insólito. Los efectos de la crisis son terribles: pérdida de poder adquisitivo, incremento acelerado del desempleo; cierre masivo de empresas; impagos, endeudamientos y una desconfianza creciente en los políticos y en su reino de mentiras y engaños.

¿Por qué la sociedad no se dota de defensas que impidan mentir a sus dirigentes? Lo correcto sería inspirarse en la democracia vigente en la Atenas Clásica, donde los cargos públicos que mentían a la Asamblea conscientemente eran condenados al ostracismo, a la cárcel o al exilio. Introducir una Legislación en Veracruz, que permita castigar a los que mientan y engañen al pueblo conscientemente, si son dirigentes políticos electos, es mas urgente en Veracruz, que cualquier otra reforma en la Constitución o de la Ley Electoral. Hacerlo significaría derrotar a la corrupción y al mal gobierno, los dos peores enemigos de la decencia política y de la convivencia